-“[...] ningún proceso social tiene lugar de manera uniforme en el espacio, siempre habrá ciertas desigualdades en las geografías que producimos”- Edward W. Soja
Las construcciones que surgen entre la dialéctica socio-espacial, producen (in) justicias sobre las geografías que habitamos. Estas pueden ser comprendidas como ‘líneas’ temporales que acentúan modelos de desarrollo que tienen un impacto desde el cómo erosionar el medio ambiente, hasta la inequidad para acceder a recursos. Estas líneas intensifican aglomeraciones urbanas que ponen en evidencia desigualdades y privilegios; son guetos o barrios cerrados, son manifestaciones de poder político o dominación cultural, son control social. Son líneas que dibujan límites hacia la discriminación, zonificaciones premeditadas para los intereses de unos pocos, que segregan, nos segregan, con las que segregamos; construyendo nuestras biografías entre espacios que vamos formado y que también nos forman. Se aprenden, se reproducen, dictaminan y nos separan, funcionan de manera aislada y simulan sistemas aparentemente eficientes, que convenientemente entran en crisis para reinventarse constantemente.
En ese sentido, resulta importante pensar que la ‘justicia’ no se otorga, que los retos y urgencia en justicia espacial son una responsabilidad compartida en nuestras ciduades. Podemos ejercer acciones sobre estas ‘líneas’ para cambiar su curso, tener agencia, vivirlas, modificarlas, podemos situarlas y ser ciudadanxs que promueven una cultura activa promoviendo empatía, solidaridad y formar coaliciones por el derecho a los espacios comunes, por el derecho a la ciudad. Le Febvre argumentaba que en las relaciones de poder se define el funcionamiento de la vida diaria y acceso a recursos. En el conversatorio “Retos y Urgencia en Justicia Espacial” quizimos conversar acerca de estas relaciones dentro de una dialéctica socio-espacial ‘democrática’ para la producción del hábitat en tiempos de “capitalismo”; en donde la espacialización produce luchas entre “clases” que se polarizan entre los intereses privados y los bienes colectivos. Queremos poner en perspectiva acciones que luchan por geografías justas que logran presencia en la vida urbana ante distintas formas de opresión. ¿Pueden las manifestaciones espaciales mediar el bien común bajo estas premisas?
La justicia espacial estudia la espacialización para poder lograr inclusividad, organización social y económica colectiva, entre diferentes sectores y clases sociales.
La “justicia espacial” va más allá de resultados, como se postuló en múltiples ocasiones durante la conversación, es imperante que no nos enfoquemos solamente en estos, sino más bien, en los procesos que llevan.
Así, al definir “justicia espacial” hablamos de un proceso-resultado, en el que la complejidad surge desde el proceso y se extiende aún más allá del resultado. Este resultado nunca será estático. Como menciona Edward Soja, la existencia humana tiene tres cualidades fundamentales: la social, la espacial y la temporal. Esta temporalidad significa que en términos socio espaciales nunca tendremos un resultado definitivo, pues la condición de un espacio y su efecto en la comunidad que lo vive será cambiante y flexible con el tiempo.
Esta consideración del espacio-tiempo-sociedad nos lleva a entender que debemos actuar desde frentes multisectoriales y transdisciplinares. Patricio Morera introduce el paradigma de la complejidad y pone sobre la mesa la convicción de que los retos del país son interdisciplinarios, multiescalares y, por lo tanto, deberían de ser atacados desde una articulación interinstitucional. En este sentido, podemos hacer referencia a Neil Brenner, quien habla de una complejidad a nivel territorial, y una visión integral del espacio, que no puede ser entendido solo de manera sectorial.
La búsqueda de la justicia espacial debe convertirse en una meta unificadora. Debe llevarnos a formar alianzas, coaliciones y la integración de entidades e iniciativas públicas y privadas. Como mencionó Patricio Morera, el no buscar esta integración significa un fracaso como sociedad. Maris Stella Fernández también reflexiona sobre esto, expresando la necesidad de la colaboración de iniciativas ciudadanas con el estado.
Asimismo, estas alianzas y colaboraciones deben estar presentes desde el inicio del proceso. Y no se trata solamente de colaboraciones entre una iniciativa privada y el estado, si no también de colaboraciones entre comunidades vulnerables y comunidades más privilegiadas, entre gestores del cambio y aquellos hacia los que va dirigido el proyecto. La importancia de estas colaboraciones es un ejercicio de empatía, sin el cual, como mencionó Natalia Morera, es muy difícil lograr espacios inclusivos.
Esta coalición de las diferentes partes es vital para lograr proyectos que no repliquen modelos, y que se sientan impuestos sobre una comunidad. Maris Stella Fernández habla de la importancia de vivir en el lugar, de estar presente en la comunidad y generar una dinámica de reciprocidad entre ambas partes. De esta forma, el proyecto que se gestione nacerá de la colaboración y no será forzado sobre la comunidad. En el contexto actual, la relación que se pueda llegar a desarrollar con las comunidades está ciertamente restringida por la pandemia. ¿Cómo, entonces, lograr empatía, colaboración e inclusión en un contexto que ha rigidizado nuestras relaciones sociales?
Eduardo Zúñiga pone en evidencia un tema importante. La plusvalía que genera un nuevo espacio público en una zona muchas veces termina excluyendo a la comunidad para la cual fue creada el espacio. En términos económicos, el valor de la tierra se encarece y esto resulta en una nueva segregación. ¿Cómo asegurarnos de que los procesos que gestionemos, y los proyectos que resulten de ellos no conlleven en un futuro a una exclusión de la misma comunidad?
Surgen dudas e inquietudes, pero existe una idea compartida: debemos hacer agencia, promover la colaboración y articular procesos inclusivos que radiquen en la sensibilización de la sociedad y la creación de espacios justos.
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